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Enero de 2021

Teniendo en cuenta que la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 inició su vigencia el pasado 1 de enero de 2021, recordamos los principales impactos a considerar por parte de la gerencia de las empresas en sus compromisos de pago con los proveedores de bienes y servicios:

  • Se establece término máximo de pago a los proveedores de 60 días calendario para el año 2021 y de 45 días a partir de 2022. Se cuenta dicho término desde la fecha de recepción de la factura electrónica y desde la entrega del bien o prestación del servicio cuando el proveedor no está obligado a facturar.
  • Cuando el adquiriente le solicite al proveedor corrección sobre el cumplimiento de sus obligaciones, o por documentos de soporte de la factura, se interrumpe el cómputo del plazo antes mencionado, el cual se reanuda cuando el proveedor realice los ajustes o subsane lo requerido en el cumplimento de sus obligaciones o lo relativo a la documentación de soporte.
  • La demora en la emisión de documentos como requisito para la radicación de las facturas, que estén bajo la responsabilidad del contratante, no se acepta como razón para extender los plazos de pago mencionados.
  • En caso que el contratante realice retenciones erróneas de “cualquier naturaleza”, la ley lo califica como un “incumplimiento en el plazo de pago”.
    Cualquier acuerdo contractual entre las partes que no esté de acuerdo con los plazos establecidos en la ley “se entenderá como ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”; por lo tanto, “no tendrán ningún efecto legal”.
  • El no cumplir con los plazos de pago mencionados le otorga el derecho a los proveedores a reclamar una indemnización por los costos de cobro que acredite como consecuencia de la mora en el pago, en adición a los intereses moratorios determinados por las normas vigentes.

Los plazos establecidos por la Ley no tienen aplicación en obligaciones que surjan de operaciones realizadas entre grandes empresas (ver párrafo siguiente), transacciones de consumo directo (realizadas con consumidores, sujetos a normas de protección del consumidor), transacciones reguladas en materia de cheques, pagarés y letras de cambio, pagos de indemnizaciones por daño, deudas en “procedimientos concursales o de reestructuración empresarial”, contratos de seguro, operaciones mercantiles de comercio internacional, entre otros.

Grandes empresas según DUR 1074 de 2015, son aquellas cuyos ingresos de actividades ordinarias anuales excedan de 1.736.565 UVT (del sector manufacturero), de 483.034 UVT (del sector servicios) y de 2.160.692 UVT (del sector comercio), es decir $61.833,8 $17.199,3 y $76.935,7 millones respectivamente, estimados con el UVT para el año 2020. No sobra mencionar que la ley ordena al Gobierno nacional publicar anualmente una lista
de empresas con los tiempos en que cumplen con sus pagos, reconociendo aquellas que ocupen “los primeros lugares”. Para ello el Decreto 1733 de diciembre de 2020 delegó en el Ministerio de Comercio, industria y Turismo la realización de una convocatoria a las empresas que deseen participar de manera voluntaria y que realicen sus pagos en plazos menores a los determinados en la Ley 2024, para que el Ministerio publique el nombre de
las empresas cumplidas a más tardar el 30 de junio de cada año. Las condiciones respectivas serán establecidas por el Ministerio mediante Resolución. Para cualquier inquietud o comentario sobre la información antes presentada, puede contactar a nuestro personal profesional en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Oscar H. Torres Mendoza AAAS Ltda

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Los comentarios anteriores presentan un resumen ejecutivo sobre el cual deseamos llamar la atención de entidades o personas potencialmente afectadas y no incluyen todos los detalles que pueden aplicar a situaciones específicas de una determinada situación; en consecuencia, este documento ha sido preparado como una guía que no pretende constituirse, ni se le puede atribuir el calificativo de asesoría especializada.

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El Comité de Interpretaciones de las NIIF (IFRIC¹, siglas en inglés de su nombre original), desarrolló las consideraciones y aspectos a tener en cuenta para el reconocimiento en los estados financieros, cuando se presenten tratamientos tributarios inciertos. Dichas situaciones no estaban desarrolladas expresamente en las normas emitidas a la hora de estimar los saldos de partidas relativas al impuesto de renta. Tanto las bases conceptuales como el alcance y determinaciones realizadas por el mismo respecto de las incertidumbres que surgen con ciertos tratamientos tributarios, que fueron plasmados en la IFRIC 23 y en los fundamentos de sus conclusiones, que la acompañan, son presentados en el presente documento. Adicionalmente, se incluyen reflexiones y análisis sobre la aplicación que podría hacerse de esta Interpretación en las denominadas PYMES.

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Diciembre de 2020

Cambios en SAGRILAFT (Sistema Autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y de la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva)

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (SSC) emitió el 24 de Diciembre de 2020, la Circular Externa 100-000016, para reemplazar la Circular Externa 100-000005 de 2017, y actualizar la normativa que obliga a las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras vigiladas por esta entidad que registren ingresos iguales o superiores a 40.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV), a 31 de Diciembre de 2020 ($35.112.120.000) a diseñar e implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SAGRILAFT.

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Oscar H. Torres Mendoza AAAS Ltda

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La ley 1314 de 2009 que, en hora buena, estableció la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de información financiera, facultó al Gobierno Colombiano para emitir los decretos reglamentarios que introdujeron en nuestro país la obligatoriedad de utilizar las NIF. Siguiendo la ruta de independencia y reconociendo la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio contable, la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819) introdujo modificaciones al Estatuto Tributario (ET) para definir explícitamente los casos en los cuales el ET remite al marco normativo financiero para determinar las bases fiscales y aquellos en los cuales establece excepciones para que dicho marco financiero no afecte los valores fiscales de los diferentes rubros (patrimonio, ingresos, costos y gastos) a incluir en las declaraciones tributarias. Como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, las cifras de los estados financieros, bajo las NIF, presentan diferencias con los montos a incluir en las declaraciones de renta. En este artículo se presenta la actualización del documento publicado en esta misma revista en el primer trimestre de 2016 denominado “Las Normas de Información Financiera y el Libro Tributario”, considerando la casuística de los mismos escenarios presentados en dicho artículo en 2016, teniendo en cuenta el nuevo artículo 772-1 ET introducido por la Ley 1819 de diciembre de 2016 y su decreto reglamentario 1998 del 30 de noviembre de 2017 en lo pertinente a la “Conciliación Fiscal”. Igualmente se ofrecen conclusiones sobre los efectos prácticos al preparar la información financiera y la tributaria, mencionando reflexiones sobre escenarios no ilustrados en los ejemplos preparados.

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